PP y Vox quieren aumentar ese plazo en beneficio de las distribuidoras
EHNE, integrada dentro de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), demanda el mantenimiento de la propuesta de 30 días como plazo máximo de pago en el Reglamento Europeo contra la Morosidad desde la entrega de los productos y muestra su rechazo a que se flexibilice dicha propuesta.
Ello iría en contra de los intereses de las personas agricultoras y ganaderas y de la rapidez en los pagos a las pequeñas y medianas empresas. Coincidiendo con que en el Parlamento Europeo se está debatiendo sobre dicho reglamento, desde EHNE-COAG nos alineamos con los planteamientos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que solicita protección para las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.
Estas se van a ver amenazadas si se aprueban la batería de enmiendas que tanto el Partido Popular Europeo (EPP), donde está integrado el PP, como Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), del que forma parte Vox, han presentado a la mencionada propuesta de la Comisión Europea sobre el reglamento de plazos de pago.
Dichas enmiendas se basan en el argumento de la libertad del pacto entre las partes, que abre la puerta a, de manera legal, generar plazos mayores a los previstos por el reglamento, dado que la parte con mayor poder en la negociación, la compradora de nuestras producciones, impondrá sus condiciones, ampliando el periodo de pago.
Desde EHNE-COAG, consideramos que la industria, la distribución y el resto de compradores no deben financiarse a nuestra costa. La propuesta de la Comisión refleja el resultado de los estudios de impacto que atestiguan este hecho y que la propia patronal del comercio europeo ha cifrado en 150.000 millones de euros en toda Europa
La propuesta legislativa actual impulsa sustituir la Directiva actual por un Reglamento. Al contrario que una Directiva, un Reglamento es directamente aplicable y establece las mismas disposiciones en toda la UE. Esta propuesta introduciría un plazo máximo único de pago de treinta días, tanto para productos frescos como para los perecederos.
Esto permitirá una aplicación más homogénea en el sector agroalimentario de las disposiciones ya existentes, siempre y cuando se respeten las posibles exigencias más estrictas que ya puedan existir. Consideramos que esta propuesta beneficia la armonización normativa en el mercado único y debería venir a reforzar la Directiva UE de Prácticas Comerciales Desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Aunque la modificación excluyese la posibilidad de aplicación entre pymes y grandes empresas o la administración, la experiencia demuestra que las compañías más grandes disponen de los medios para obviarla si, por ejemplo, se firmaran los contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño. Recordemos que pagar tarde supone un enorme beneficio financiero, especialmente en periodos inflacionistas y de altos tipos de interés.
